El Gremio de Abogados, a través de la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia, emitió un pronunciamiento público en el que denuncia la existencia de una "Operación Morrocoy" y un manejo manipulado en la ejecución de las excarcelaciones de los privados de libertad en el país.
En el documento, las organizaciones manifestaron su rechazo ante los severos retrasos judiciales. "Celebramos las recientes excarcelaciones, sin embargo luego de más de cuatro meses de la aprobación de la Ley de Amnistía y dos semanas de anuncios de 300 liberaciones por parte de la Presidente Interina Delcy Rodríguez, no tiene ningún sentido, ni explicación razonable, la lentitud con la cual se han producido tales excarcelaciones", señala textualmente el texto.
De acuerdo con el gremio y los comisionados, las demoras obedecen a que se continúa manejando el asunto a conveniencia política, utilizándolo "como un mecanismo de presión para propios y extranjeros, para demostrar poder, fuerza y en ningún caso a razonamientos de derecho, mucho menos de justicia".
Alerta por el "Carrusel" y traslados lejanos
En el análisis de las recientes medidas, los juristas denunciaron ante la opinión pública un esquema selectivo denominado el "carrusel". Sostienen que, tras el cierre del centro de reclusión de El Helicoide, se ha revictimizado a los procesados y a sus familiares al enviarlos a centros penitenciarios distantes de su domicilio familiar, tales como Yare, La Planta y Tocuyito.
Destacaron que estas acciones se ejecutan mayoritariamente bajo el amparo de la jurisdicción nacional de terrorismo, la cual calificaron de inconstitucional.
Asimismo, alertaron que las medidas otorgadas hasta el momento no representan una solución real, ya que no extinguen los procesos judiciales ni contemplan la devolución de las propiedades confiscadas. "Constituye un nuevo fraude a la ley y a los compromisos tanto con el país, como con la comunidad internacional adquiridos por el nuevo interinato", afirma el documento.
Para finalizar el manifiesto, los representantes hicieron especial hincapié en la situación vulnerable de sus propios colegas en la región. Insistieron en reclamar la libertad plena de los presos políticos y de conciencia, haciendo foco en los profesionales del derecho en el Zulia.
Denunciaron que actualmente doce profesionales del derecho de la entidad siguen "arbitrariamente detenidos por el ejercicio de la abogacía o con ocasión del mismo", incluyendo causas políticas específicas como las denominadas "Operación No a la Navidad" y "Relámpago del Catatumbo".
Con este pronunciamiento, el gremio de abogados y los defensores de los derechos fundamentales en la región zuliana elevan una alerta formal sobre la urgencia de que los procesos de liberación se ejecuten sin dilaciones políticas, apegados estrictamente al marco constitucional y al espíritu de la Ley de Amnistía aprobada hace cuatro meses.
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